Más identidad regional // Página 12, Argentina

 

La experiencia latinoamericana ha sido y es muy rica en materia de cooperación interuniversitaria. Desde la temprana propuesta del liberal chileno Francisco Bilbao para la creación de la “Universidad Americana” en 1856, pasando por el mensaje “de la juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica” al que apelaba el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918, a los esfuerzos de integración en materia de educación que a partir de la década del ´90 en el ámbito del Mercosur, y a las experiencias asociativas que tienen lugar desde los albores del nuevo milenio, la universidad latinoamericana se caracteriza por su histórica voluntad de cooperación y solidaridad.

La universidad, en tanto espacio por excelencia de producción y reproducción del conocimiento, adquiere hoy un papel fundamental en un escenario global que ha convertido al saber en fuerza productiva. En este marco, las universidades de la región enfrentan el desafío de que los procesos de internacionalización e integración fortalezcan la identidad y la solidaridad latinoamericana, y no que estimulen la mera aceptación acrítica de lineamientos, regulaciones y conocimientos extranjeros.

La “resistencia” a la mercantilización de la educación

La Organización Mundial del Comercio (OMC), en el marco del Acuerdo General de Comercio de Servicios que entró en vigor en 1995, incluyó a la educación como bien “comercializable”. Esto entraña un gran reto para las universidades, y para el ámbito educativo en general, en tanto promueve la mercantilización de la educación, pretendiendo reducirla a criterios estrictamente economicistas basados en el análisis de resultados, muy alejados de toda preocupación por la equidad y la justicia social. 

La internacionalización que promueve esta lógica de mercado se orienta al lucro y la ganancia financiera y promueve una lógica de cooperación norte-sur, orientada por organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y plasmada en varios de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que los Estados Unidos ha “negociado” en la región.

Este intento de imposición de un pensamiento único ha producido una reacción en diferentes espacios de debate político-académico que impulsó una estrategia contra hegemónica, que reivindica tanto la cooperación sur-sur como la concepción de la “Educación como Bien Público y Derecho Humano Fundamental” promovida por la UNESCO.

En particular, en la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe de 2008, en Cartagena de Indias (Colombia), con la presencia de 3500 representantes de la comunidad universitaria latinoamericana, la región sienta una clara posición contra esta visión economicista declarando a la educación superior como bien público y derecho humano universal que el Estado tiene la obligación de garantizar. 

Sin dudas, esta declaración abrió las puertas para pensar de forma diferente los procesos de integración regional de los sistemas universitarios, y avanzar en alianzas entre actores y sectores que defienden dicha concepción. 

El Mercosur y la educación superior

En un contexto regional dominado por el “Consenso de Washington”, la agenda educativa del Mercosur permanece, en gran medida, al margen de los lineamientos y los parámetros exigidos por la lógica mercantil que, de la mano del neoliberalismo, hegemonizara la década del ’90.

Desde su misma institucionalización a través del Tratado de Asunción, el Mercosur avanzó en la formulación de políticas regionales en materia educativa, incluso a un ritmo que inicialmente fue más rápido que en el plano económico y comercial. Y lo hizo a través del “Sector Educativo del Mercosur” (SEM) que funciona desde el año 1992 y, que en materia de educación superior cuenta con varias instancias de coordinación y cooperación de carácter intergubernamental: la Comisión Regional Coordinadora de Educación Superior (CRC-ES), por un lado, vinculada funcionalmente a la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA), la Comisión Ad Hoc del Programa de Movilidad del Mercosur (CAhPMM), el Grupo de Trabajo de Posgrado (GTPG), el Grupo de Trabajo de Reconocimiento de Títulos (GTR), el Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del Mercosur (NÚCLEO), y la Comisión Regional Coordinadora de Formación Docente (CRC-ES), entre otras. La instancia máxima del SEM es la Reunión de Ministros de Educación (RME), cuyo trabajo en conjunto con las otras áreas es organizado por el Comité Coordinador Regional (CCR). 

Desde su creación, el SEM no sólo tuvo el gran mérito de haber generado e institucionalizado las mencionadas instancias para el trabajo coordinado en el ámbito intergubernamental, y la definición de los primeros marcos normativos y operativos sobre lo que se sustenta dicho trabajo, sino fundamentalmente el de sensibilizar y concientizar a los actores del sistema educativo de la región acerca de la pertenencia a un espacio más amplio que desborda las fronteras nacionales.

En los últimos años, el SEM ha venido trabajando –en lo que respecta a educación superior- en tres objetivos fundamentales: el reconocimiento o acreditación de carreras; la movilidad estudiantil, de profesores e investigadores; y la cooperación inter-institucional entre los actores centrales para la integración regional en el ámbito de la educación superior, es decir, las propias universidades.

En este plano se registraron algunos avances, como la aprobación de los protocolos para el reconocimiento de títulos de posgrado y actividades académicas, o la formulación del Acuerdo para la Acreditación Regional de Carreras Universitarias de Grado para el Mercosur (ARCU-SUR).

Sin embargo, son muchas las deudas pendientes. El reconocimiento de títulos continúa siendo uno de los principales problemas sin solución para muchos profesionales que pretenden moverse entre países de la región (estudiando en uno y ejerciendo en otro), algo no sólo esperable sino también deseable en un proceso de integración regional. Lo mismo para las instituciones educativas, que se encuentran con serios obstáculos para contratar profesores con titulaciones en el extranjero.

En este marco, el procedimiento para la homologación de universitarios en la región se instrumenta a través de convenios bilaterales o de reválidas, que en muchos casos se remiten a cláusulas de “razonable” equivalencia, por lo que a menudo la decisión termina sujeta a interpretaciones arbitrarias. En lo que respecta a nuestro país, Argentina tiene convenios de reconocimiento de títulos de grado universitario que pueden habilitar para el ejercicio profesional con Bolivia (convalidación automática), Colombia, Ecuador, España, Perú, Chile, Cuba y México.

Tampoco han habido avances significativos en lo que respecta a la libre movilidad de personas (y por ende estudiantes, profesores e investigadores) al interior del Mercosur, un horizonte que se planteó el espacio desde un principio. 

Con el mismo espíritu que en el Mercosur, la constitución de UNASUR fue acompañada por una preocupación sobre la educación, lo que se plasmó en la creación de un Consejo Sudamericano de Educación que, en 2013, realizó la Primera Reunión de Ministros de Educación. Allí el tema central fue la educación superior, de lo que da cuentas la “Declaración sobre Calidad, Equidad y Financiamiento de la Educación Superior” que se suscribió en dicha oportunidad.

Lamentablemente, las trabas que atraviesan hoy estos procesos de integración en la región por diferencias entre los países miembros, afectan sensiblemente también las posibilidades de seguir avanzando en el plano educativo. 

Otras herramientas de integración educativa

Sin embargo, más allá de las instancias intergubernamentales descriptas, existen también importantes iniciativas desarrolladas por asociaciones de universidades, redes, consejos de rectores, u organismos internacionales como la UNESCO y su Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESLAC), que vienen aportando a pensar las políticas universitarias en la región y avanzar hacia la construcción de un espacio latinoamericano de educación superior.

En este sentido, se destaca la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), iniciativa surgida horizontalmente desde las propias instituciones universitarias (de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) y en el marco del ejercicio de su autonomía, que viene promoviendo programas de intercambio docente y estudiantil, y la constitución de nodos de investigadores 

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores y rectoras de las 57 universidades nacionales, cuenta con una activa Comisión de “Asuntos Internacionales” presidida por Ernesto Villanueva, Rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Además, en el ámbito del CIN se creó, en 1999, la Red de Cooperación Internacional de Universidades Nacionales (RedCIUN), que es presidida por un representante electo de los responsables de relaciones internacionales de las casas de altos estudios, y que tiene como uno de sus objetivos primordiales el “promover la internacionalización de la educación superior argentina”. 

Desde el año 2011 funciona, asimismo, el Observatorio Nacional de Internacionalización de la Educación Universitaria, que fue creado en el marco del Observatorio de Movilidades Académicas y Científicas (OBSMAC) del IESALC-UNESCO, que tiene carácter Nacional y sede en la UNCuyo.

Por último, debe destacarse que, a 10 años de la ya citada Conferencia de Cartagena se realiza en Córdoba, por estos días, la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018) que reúne a rectores, directores, académicos, trabajadores, estudiantes, redes, asociaciones profesionales, centros de investigaciones, sindicatos, representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del continente.

Durante el encuentro, sin dudas el más importante del Sistema de Educación Superior de América Latina y el Caribe –organizado en conjunto por IESALC, la  la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el CIN y la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación-, se espera avanzar en propuestas que consoliden la educación superior como un bien social, un derecho humano y universal con responsabilidad de los Estados.

Una Universidad para la “Patria Grande”

Las universidades argentinas están, sin duda, convencidas de la importancia de realizar actividades de cooperación horizontal entre instituciones y sectores, a través de redes, asociaciones, espacios comunitarios y trabajos en colaboración, todo ello sin perder su identidad institucional ni su autonomía.

Es imprescindible continuar trabajando para que la internacionalización de las universidades de la región, permita profundizar los vínculos entre ellas en función de generar conocimiento pertinente, entendiendo que son un actor estratégico en el proceso de integración. Y todo ello, con una visión profundamente latinoamericana que conciba a la región no sólo en términos geográficos sino fundamentalmente político-culturales.

Para esta tarea, las universidades latinoamericanas –y la argentina en particular- cuentan con un histórico capital que las distingue de las universidades de otras latitudes: el compromiso y la pertinencia social de una universidad que está estrechamente vinculada con su contexto social.

Las “energías” regionales ya se han liberado, es hora de profundizar las prácticas asociativas para poner en contacto no sólo las estructuras, sino también las prácticas y valores de los sistemas universitarios de la región, para potenciar la integración latinoamericana y producir de forma solidaria y cooperativa conocimientos beneficiosos para el desarrollo de nuestras naciones y los pueblos, sostenidos en el interés común, nuestras raíces culturales, la confianza recíproca y la transparencia.

 

Fuente: Más identidad regional en Página 12, Argentina


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